Sólo en 2018 fueron asesinados 172 líderes sociales en Colombia.

El ataque perpetrado el fin de semana a un grupo de líderes sociales en la vereda Lomitas, jurisdicción de Santander de Quilichao, norte del Cauca, en el que se encontraba la defensora de derechos humanos Francia Márquez, profundizó el debate por la protección que debe ejercer el Gobierno nacional a esta población, que se convirtió en blanco de los delincuentes.

Desde su llegada a la Casa de Nariño, el 7 de agosto del 2018, el presidente, Iván Duque, ha visto la muerte de 120 líderes sociales, según cifras de Indepaz, que prendieron las alarmas en el Gobierno y lo llevó a tomar medidas para acabar con el flagelo de persecución y amenaza que padecen los cerca de 7 mil defensores de derechos humanos en Colombia.

Según datos de la Defensoría del Pueblo, en 2018 fueron asesinados 172 líderes sociales en Colombia, el departamentos del Cauca, con 35 muertes, es el de mayor violencia contra esta población. Le siguen Antioquia (24), Norte de Santander (18) y Valle del Cauca (14). Además, en lo corrido del 2019 la cifra de homicidios ya asciende a 25 defensores de derechos humanos.

El Gobierno, desde los ministerios de Defensa y del Interior, ha manifestado que a la fecha se encuentran bajo protección de las autoridades cerca de 5 mil líderes sociales en el país, lo que todavía no sería suficiente para eliminar la amenaza y la zozobra con la que viven. Más allá de un esquema de seguridad, todavía no se logra atacar de fondo la problemática social.

La ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, explicó que existen dos planes especiales que podrían llegar a mitigar la situación: el primero corresponde al Plan de Acción Oportuna (PAO), que deja 23 visitas en el territorio nacional y la segunda a la activación de la Comisión de Garantías de Seguridad.

Gutiérrez añadió que desde el mandato de Duque se generó el programa Se Busca, que puso en la lupa de las autoridades a 31 personas señaladas de atentar contra líderes sociales, de los cuales ya hay ocho capturados. También señaló que hay líneas de atención directas hacia la Fiscalía, que llevan a que quienes son víctimas de ataques den parte a las autoridades.

A juicio de la funcionaria, hay una estrategia integral que convoca a la Defensoría, a la Procuraduría y a la Fuerza Pública. Sin embargo, con dichas iniciativas las amenazas no han disminuido, prueba de ello el último ataque a la ganadora del Nobel Medioambiental, quien salió ilesa. Sin embargo, dos de sus escoltas pertenecientes a la Unidad Nacional de Protección resultaron heridos.

A esto se suma la cifra de asesinatos entregada por la Defensoría del Pueblo, en la que se asegura que el 72% de los 172 asesinatos que se presentaron con posterioridad a la Alerta Temprana 026 de 2018, han ocurrido en municipios que fueron advertidos por la entidad. Además que se incrementaron las amenazas de hasta el 47%, es decir, 982 amenazas entre marzo del 2018 y febrero del 2019; así como que entre enero del 2016 y el 31 de enero del 2019, 462 líderes sociales y defensores de derechos humanos han sido asesinados en Colombia, 25 de ellos en 2019. COLPRENSA