Según el senador Rodrigo Lara, la medida se va a caer en la Corte Constitucional “porque es una norma inconveniente e innecesaria”.
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En un hecho histórico, este jueves el Senado aprobó en último debate la cadena perpetua para violadores y asesinos de menores de edad en Colombia, lo que generó una oleada de reacciones y debates en torno a la pertinencia y eficiencia que tendría la medida en el país.
En un hecho histórico, este jueves el Senado aprobó en último debate la cadena perpetua para violadores y asesinos de menores de edad en Colombia, lo que generó una oleada de reacciones y debates en torno a la pertinencia y eficiencia que tendría la medida en el país.
El congresista explicó que el trabajo que viene será “hacer la ley que lo reglamente y adoptar una política pública de protección y de prevención de estos delitos en nuestras familias y en nuestra sociedad”.
Pinto explicó que la ley será “imprescriptible para los delitos de violaciones contra nuestros niños, niñas y adolescentes. Podemos organizar toda una política pública de prevención y de castigo efectivo y proporcional al daño que están ocasionando estos delincuentes”.
Por su parte, el abogado Iván Cancino anunció que ante la Corte Constitucional el Colegio de Abogados Penalistas de Colombia liderará una demanda de inconstitucionalidad contra lo que llaman “adefesio de acto legislativo” por la implementación de la cadena perpetua para violadores de menores.
Cancino dijo que la cadena perpetua “no solo no protege a la niñez y a la infancia, sino que desvía la atención y lo que hace es generar una falsa sensación de justicia. Con la cadena perpetua, como ha sucedido con el aumento de penas con la creación de delitos, el delincuente no disminuye su pretensión punitiva”.
“Lo único que es resaltable es que se tienen que fortalecer las políticas públicas de prevención primaria. La mayoría de las víctimas de delitos sexuales empieza en casa o con círculos cercanos. Hay que mirar que cada uno de ellos ya había tenido una advertencia en la familia o comisarías de familia (…) Aquí le quieren mentir a la gente diciendo que el derecho penal va a prevenir o evitar la violación”, agregó.
Según el legista, la medida “contraría nuestra Constitución, nuestro sentido de Estado social y democrático de derecho. Los que nos oponemos a la cadena perpetua queremos la protección de los niños, no el populismo punitivo. El Congreso se debe enfocar en cómo se previene el delito”.
Cancino dijo que la cadena perpetua “no solo no protege a la niñez y a la infancia, sino que desvía la atención y lo que hace es generar una falsa sensación de justicia. Con la cadena perpetua, como ha sucedido con el aumento de penas con la creación de delitos, el delincuente no disminuye su pretensión punitiva”.
“Lo único que es resaltable es que se tienen que fortalecer las políticas públicas de prevención primaria. La mayoría de las víctimas de delitos sexuales empieza en casa o con círculos cercanos. Hay que mirar que cada uno de ellos ya había tenido una advertencia en la familia o comisarías de familia (…) Aquí le quieren mentir a la gente diciendo que el derecho penal va a prevenir o evitar la violación”, agregó.
Según el legista, la medida “contraría nuestra Constitución, nuestro sentido de Estado social y democrático de derecho. Los que nos oponemos a la cadena perpetua queremos la protección de los niños, no el populismo punitivo. El Congreso se debe enfocar en cómo se previene el delito”.
Yohana Jiménez, hija de la fallecida congresista Gilma Jiménez, agradeció en un emotivo mensaje a quienes “estuvieron pendientes y nos animaron día y noche para que continuáramos con este gran legado. Esto es en honor a mi mamá, pero sobre todo a los cientos y miles de angelitos que hoy la acompañan en el cielo”.
El exministro de Justicia Yesid Reyes se declaró sorprendido por la noticia, pues, según explicó, “en la práctica lo que hace este acto legislativo es bajarle la pena a las personas que agreden sexualmente a un niño y luego lo matan, que hoy tienen una pena nunca inferior a 40 años, y ahora con la aprobación esas personas podrán quedar en libertad a los 16 años y medio de prisión”.
En ese sentido, dijo que “de cadena perpetua tiene el nombre el acto legislativo, pero en realidad se trata de una norma que va a favorecer a las personas que cometen estos delitos y, por consiguiente, no consigue la pretensión que buscaban sus impulsores”.
La senadora Esperanza Andrade, del Partido Conservador, quien acompañó la ponencia, respondió que, en efecto, “el proyecto de ley no es cadena perpetua como se ha denominado por todos, es prisión perpetua y va a ser revisable a los 25 años. Eso no quiere decir que vayan a quedar libres (…) el proyecto trae la obligación de una ley estatutaria para reglamentar en qué momento se podrá dejar libre a esos delincuentes, decisión que tomará un juez en su momento”.
El hecho de que, específicamente, se trate de prisión perpetua revisable implica que, según la congresista, si el condenado no ha podido resocializarse no tendrá derecho a salir”.
Además, el senador Ciro Ramírez, del Centro Democrático, expresó que este acto legislativo “es un mecanismo adicional para proteger el derecho de los niños. Esto no se puede vulgarizar para darle cadena perpetua a todos los delitos, ni tampoco disminuirá el delito, pero puede funcionar como un mecanismo para protegerlos”.
Finalmente, el senador Rodrigo Lara, de Cambio Radical, concordó con Cancino en que la medida se caería en la Corte Constitucional, pues la carta magna “es enfática. Toda la construcción del edifico constitucional del país está fundamentado en el principio de dignidad humana, que significa que el hombre es un fin en sí mismo, nunca un medio por noble que sea el propósito”.
“Se va a caer porque es una norma inconveniente e innecesaria. En este momento deberíamos estar legislando para los colombianos, para lo que de verdad necesitan. Los colombianos no están pidiendo un chivo expiatorio, este proyecto es puro pan y circo”, agregó.
Vale recordar que en el mundo hay por lo menos 20 países con cadena perpetua para violadores de niños. Francia, Reino Unido, Holanda y Australia adoptaron la medida para ese tipo de crímenes, mientras que en algunos países africanos y asiáticos hay incluso pena de muerte.
Fuente: Revista Semana