Las muertes por violencia política en Colombia aumentaron un 80 % en octubre pasado, según un informe del Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (Cerac) que documentó 18 asesinatos vinculados a este tipo de agresiones.
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«Persiste el alto riesgo de seguridad para las personas que ejercen actividades de poder, representación o ampliación y construcción de poder al interior de las comunidades», advirtió el CERAC al comparar la cifra con los 10 homicidios registrados el mes anterior.
El documento detalló que el mes pasado, además de los asesinatos, cinco personas resultaron heridas, 29 fueron amenazadas y una fue secuestrada.
Las víctimas de las agresiones principalmente fueron dirigentes de Juntas de Acción Comunal y activistas políticos regionales, atacados en los departamentos de Antioquia, Cauca, Cundinamarca, Chocó, Huila, Nariño y Norte de Santander.
El promedio mensual de muertes durante enero y octubre fue de 16 asesinatos, un aumento del 45 % respecto al mismo periodo de 2019, explicó el CERAC.
El informe documentó la muerte de Juana Perea Plata, una activista colombo-española asesinada en la localidad de Nuquí, en el departamento del Chocó, en la región del Pacífico donde tienen presencia grupos armados y bandas criminales vinculadas al narcotráfico.
Además aparecen los asesinatos de Eduardo Alarcón, dirigente campesino y exconcejal de Campoalegre, en el departamento del Huila, y Gustavo Herrera, gerente en el Cauca de la campaña presidencial del líder del movimiento político Colombia Humana, Gustavo Petro.
La violencia política también se cobró la vida del docente e integrante de Colombia Humana, Campo Elías Galindo, en Medellín, capital del departamento de Antioquia, y del exgobernador indígena del resguardo Cerro Tijeras, Fredy Güetio Zambrano, y su esposa en el Cauca.
Además fueron asesinados Franco Ojeda Delgado, exconcejal de Pasto, en el departamento de Nariño; Oswaldo Rojas, dirigente comunitario en zona rural de Carmen del Darien, en el Chocó; y José Memo Florido, concejal del municipio de Yacopí, en Cundinamarca.
Para el CERAC, la violencia política es aquella que busca causar un daño intencional a una persona involucrada en actividades de ejercicio del poder, representación colectiva de intereses, o ampliación y construcción de poder en la sociedad.
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