Por: Adriana Bermúdez Arango
Cali sigue siendo «Tierra de nadie». Un grupo de motociclistas se ha apoderado de la prolongación de la Avenida Circunvalar y tienen, incluso, la osadía de cerrarla para hacer piques y piruetas, lo que es aprovechado por algunos para vender alcohol y drogas durante la realización del espectáculo. Las autoridades de las Secretarías de Movilidad y Seguridad y Justicia, han logrado articularse (lo que no es común entre los secretarios de esta Alcaldía) para intentar ponerlos bajo control, realizando operativos en los que han inmovilizado 47 vehículos, puesto más de 115 comparendos por parrillero hombre, por falta de documentación, maniobras peligrosas, piques, consumo y venta de alucinógenos.
Los líderes de la zona, inconformes con lo que estaban viviendo y buscando que su silencio no fuera cómplice en la normalización de estas prácticas, visibilizaron la situación ante las autoridades, logrando que operativos como los mencionados se lleven a cabo. Infortunadamente, estos líderes han recibido amenazas, solamente por querer que regrese la tranquilidad al sector, amparados en el cumplimiento de la ley.
Sin embargo, allí no termina la gravedad de la situación. Ahora, el alcalde de Cali, en vez de apoyar a sus funcionarios en la recuperación de la zona y aplicación de la ley, busca regularizar estas actividades, argumentando que hace falta un espacio para realizarlas, un espacio que no está construido ni diseñado para este objetivo, lo que nos lleva a deducir que tendrá que destinar unas cuadras de la ciudad para este fin, trasladando este problema a otros ciudadanos.
La respuesta del alcalde no es, en definitiva, lo que los vecinos de la zona esperan ni la ciudad necesita. Nuevamente y como ocurrió durante el Paro del año 2021, el alcalde Ospina antepone sus intereses electorales a su deber como gerente de la ciudad. El diálogo es una excelente estrategia conciliatoria cuando los límites no han sido establecidos, precisamente porque permite definirlos respetando los derechos de todos los involucrados. Pero el cumplimiento de la ley no necesita conciliarse, solo debe ejecutarse. Si Cali sigue por el camino que propone Ospina, éste tendrá que cambiar su cargo y convertirse en juez de paz o conciliador, porque aquello de hacer cumplir la ley y velar por los intereses de los caleños, se le está saliendo de control.
Los concejales ya se pronunciaron en contra de la propuesta. Confiemos en que ahora, en contra de todos y de toda lógica, no se le ocurrirá al alcalde construir un ‘motódromo’ o algo por el estilo, para tener a sus electores contentos, mientras las calles de Cali siguen siendo inviables, porque están llenas de huecos. Necesitamos un alcalde que intervenga los espacios de manera positiva, mejorando la calidad de vida en la ciudad, no uno que se dedique a darle gusto únicamente a una parte de la sociedad, avalando actividades que no son prioritarias y afectan negativamente a parte de la comunidad.