Y después, ¿qué?

Por: Adriana Bermúdez Arango

No podemos desconocer que, en Cali, el tema de habitante de y en calle está totalmente fuera de control. El diario El País, el pasado 25 de agosto, presentó un informe en el que dice que, a finales de 2022, según la Secretaría de Bienestar Social, se contabilizaron casi 6000 personas en esta condición en la ciudad.

Este fenómeno se puede adjudicar a la pandemia, al mal llamado “estallido social” o a la migración, pero el verdadero problema es ¿qué se ha hecho desde 2022 para afrontarlo, para resolverlo? Porque para nadie es un secreto la cantidad de inconvenientes que ocasionan estas personas, debido a que no buscan su sustento en fuentes legales, por el contrario, debido a la falta de oportunidades, hallan ‘solución’  en el robo, la delincuencia, el expendio de drogas, lo que los lleva a permanecer en la indigencia y a convertirse, además, en un problema de salud pública, no sólo porque se drogan en cualquier parte, además porque utilizan cualquier lugar para hacer sus necesidades y dejar sus desechos.

En dicho informe, la concejal Alexandra Hernández manifestaba que era un problema presupuestal, que estaban esperando que el Concejo trasladara los recursos a la Alcaldía para retomar los programas sociales. Sin embargo, el problema es MUCHO más grave que eso. El verdadero problema es que Cali adolece de una POLÍTICA PÚBLICA para el manejo de habitante de y en calle, lo que le impide a la Administración Distrital tener mecanismos que ayuden a RESOLVER de fondo esta situación.

Esta ausencia de política pública ocasiona que, actualmente, los derechos de los habitantes de calle estén por encima de los derechos de los demás ciudadanos, porque ellos, por su condición de población vulnerable, no son tratados con la misma severidad que sí lo somos los demás, ocasionando que su actuar delincuencial no tenga sanción y sea casi que permitido.

Así lo manifestaron desde la Secretaría de Bienestar Social, quienes dijeron a El País “Es fundamental reconocer que las personas en situación de calle son ciudadanos con derechos y deberes. El espacio público debe ser un bien accesible para todos, y las ciudades deben ser escenarios de participación y desarrollo para todos sus habitantes, incluyendo a quienes viven en la calle. Aunque estas personas utilicen los espacios públicos de manera diferente, su decisión debe ser respetada y no debería limitar el pleno goce de sus derechos”… Ante lo que me pregunto, ¿dónde están especificados los deberes de esta población y quién está en obligación de hacérselos cumplir? Porque ya, ni la Policía quiere inmiscuirse en ese tipo de labores. ¿Cuál es el tipo de “desarrollo” al que se refieren? Porque estar todo el día en la calle mendigando para consumir sustancias psicoactivas o cualquier pan, no es propiamente la labor que los llevará a ser mejores ciudadanos o mejores seres humanos. ¿Qué entienden desde la Secretaría de Bienestar Social como “desarrollo”? Interesante saberlo.

Los habitantes de calle necesitan una política pública porque no pueden seguir siendo tratados con un baño, una sopita y enviándolos renovados de nuevo, a delinquir a la calle. Necesitan que alguien se apersone de ellos, de su situación, que los ayude a desintoxicarse, a rehabilitarse, a reintegrarse a la sociedad de una manera útil, poniendo en práctica el oficio que conocen o el que escojan aprender durante su proceso.

No podemos seguir llenos de habitantes de calle que deterioran la salud pública de la ciudad, la seguridad, que se escudan en el reciclaje para dañar todas las bolsas de la basura que hay en la calle y regar sus desechos, que consumen drogas en medio de cualquier parque y alrededor de los niños, que incluso, entran a las casas a robar porque “los ricos” tienen y ellos no. Necesitamos reunir a estas personas y, sea como medida de seguridad o de salud pública, buscar cómo recuperarlas de ese mundo en el que entraron y ya no saben cómo salir.

Y esta ayuda no debe ser sólo porque la ciudad vaya a tener un evento internacional, porque lo que puede ocurrir cuando esa ‘estadía temporal’ acabe, es que hayamos cultivado más resentimiento en un grupo de personas que no es pequeño y que se siente excluido de la sociedad en la que habita. Si la ciudad puede abrir más cupos en los dormitorios sociales, también debe tener la forma para lograr que dichos cupos persistan, porque ¿qué pasará con estas personas cuando termine la COP16? ¿Deberán volver a la calle? Porque nadie ha hablado de acciones emprendidas para DESPUÉS de finalizada la COP, lo que hace pensar que todo volverá a la normalidad y seremos los habitantes inermes, quienes debamos volver a enfrentar la indigencia que, poco a poco, se toma la ciudad.

Foto cortesía El País Cali