Un fallo que falla ante la realidad

Por: Adriana Bermúdez Arango

“La justicia cojea, pero llega” es uno de los refranes o máximas que escuchamos en nuestro país con frecuencia y a cuyo sentido estamos acostumbrados. Decir que las cosas tienen su lugar o momento para ocurrir, es la manera en que nos consolamos frente a las situaciones que necesitamos resolver, pero que están fuera de nuestro poder o alcance.

La situación carcelaria de nuestro país, es de esas cosas que encontrará solución “algún día”, así entidades como la Personería de Cali, pongan su mejor intención para resolverla. Y hablo de “intención”, porque ganar una tutela parece lo coherente para remediar, lo antes posible, el hacinamiento del 700 % que se presenta en las estaciones de Meléndez, Centro de Atención Transitorio San Nicolás, Fray Damián y Junín, donde se encuentran personas procesadas y condenadas. Infortunadamente, no es lo que más conviene ni a la sociedad, ni a los detenidos.

Al periódico El País, el personero de Cali, Gerardo Mendoza, le manifestó que con esta medida “se concedió el amparo constitucional a la salud, integridad física y dignidad humana, y para ello se dispuso de un término improrrogable de 15 días, para que las entidades accionadas efectúen un primer traslado de personas privadas de la libertad a un establecimiento carcelario a cargo del Inpec”. Pero, este fallo, falla ante la realidad. Determinar qué se debe hacer no significa que pueda hacerse en los términos ideales que se plantean, además, la Personería tomó acciones ante los centros de atención transitoria, sin pensar en la situación que padecen las cárceles, donde no cabe un recluso más.

Mantener en centros transitorios a los detenidos, no es una decisión tomada por el deseo de no trasladarlos, es porque los trámites que se deben realizar no se surten debido a que no hay lugar para ubicarlos. Tengamos presente que la última cárcel que se inauguró en Colombia fue en el año 2010, a pesar de que la delincuencia y la población colombiana continúan en crecimiento. Además, hoy, con el aumento de la migración, los centros de detención temporal son una manera precaria de mantener fuera de las calles por un corto espacio de tiempo, a tanto indocumentado que delinque en nuestra ciudad, otra razón para que se presente hacinamiento.

Puede que el fallo del Juzgado 20 laboral del Circuito de Cali esté a favor de los detenidos, quienes merecen unas condiciones dignas, con salubridad y seguridad, pero no opera desde la realidad del país. Aunque no queramos reconocerlo, Colombia necesita con urgencia construir cárceles que permitan recluir a delincuentes que, no sólo deben pagar su condena, también deben encontrar cómo rehabilitarse y prepararse para reintegrarse a la sociedad, a la que afectaron con su comportamiento inadecuado. No podemos seguir con espacios que se convierten en todas unas escuelas delictivas, donde los delincuentes encuentran quién los profesionalice en diversas actividades criminales, como el manejo de call center para el robo de identidades o efectivo.

Es hora de aterrizar ante la realidad del país. Si queremos que los delincuentes dejen de serlo, no sólo debemos subsidiarlos o crear oportunidades para evitar que ellos se vean abocados a delinquir. Lo verdaderamente necesario es que mejoremos sus condiciones de reclusión, con instalaciones apropiadas para la cantidad de reclusos que la ocupan, donde cuenten de manera digna con un lugar para dormir, bañarse, hacer sus necesidades; donde puedan participar de programas de capacitación y rehabilitación, un lugar que los mantenga lejos de la ley de la calle, donde su principal tarea del día consiste en sobrevivir.

Y no me malinterprete, no hablo de un lugar vacacional, hablo de un espacio donde el delincuente pague ante la sociedad por el daño que hizo, pero que lo haga mientras descubre que estar del lado de la legalidad es lo ideal, no mientras esquiva ‘balas’ que provienen de cualquier esquina y que le enseñan que la “ley del más fuerte” es lo que impera en cada rincón. Las cárceles deben ser lugares donde haya una verdadera resocialización del delincuente, no lugares de profesionalización para quien delinque. Estamos en mora, como sociedad, de crear estos espacios.

Confiemos en que este fallo no ocasionará que se tengan que mandar de manera anticipada a la calle, a delincuentes que aún no terminan de pagar su condena, porque eso, quizás, solo ocasione más delincuencia. Como país, debemos dejar de alentar a los delincuentes con promesas de impunidad y subsidios, porque esto sólo traerá más de lo mismo. Asumamos las falencias que tenemos como sociedad e implementemos, en corto tiempo, las medidas para subsanarlas. Invirtamos en la rehabilitación y resocialización de los colombianos, no el sostenimiento de personas que sólo encuentran en la violencia y el delito, la manera de subsistir.

Foto: cortesía Semana.com