Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos pidió a EE.UU. una posición ‘contundente’ ante los abusos de la fuerza pública en Colombia

Desde que el paro nacional empezó en Colombia el pasado 28 de abril, se prendió una alerta internacional debido a las violaciones a los derechos humanos que se han presentando en medio de las manifestaciones. De acuerdo con el Ministerio de Defensa, desde que empezaron las protestas han resultado 1.065 civiles lesionados y 45 fallecidos, de los cuales 17 están directamente relacionados con la protesta. Igualmente, la entidad señaló que hay 1.102 miembros de la fuerza pública heridos y dos muertos.

Por otro lado, 503 organizaciones defensoras de derechos humanos, incluidas 68 de corte internacional, indicaron en una misiva que enviaron a la Organización de Estados Americanos (OEA), pidiendo su intervención en el país, que se han presentando “al menos 43 ejecuciones por parte de la fuerza pública (cada 13 horas un manifestante asesinado), 715 personas han sufrido lesiones personales por el accionar desproporcionado de la fuerza pública (cada 46 minutos una persona herida), 96 agresiones a defensores de derechos humanos (cada seis horas una agresión), 1264 detenciones arbitrarias (cada 27 minutos una privación ilegal de la libertad y 21 víctimas de violencia sexual (1,1 víctimas cada día)”.

Ante la situación, este 2 de junio se pronunció la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por sus siglas en inglés), y señaló que acoge la invitación del Gobierno colombiano a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para realizar una visita “in situ” al país. “Dicha visita debe realizarse en un futuro muy cercano, y sin limitaciones para el acceso del personal de la comisión a los testigos y a los territorios”, agregó.

Además, se refirió a la posición que el Gobierno estadounidense ha tomado frente a la violencia que se viene presentando hace más de un mes en el país.

“Legisladores estadounidenses también se han pronunciado sobre la violencia en las protestas y los abusos que se están produciendo en Colombia. En una carta dirigida al secretario de Estado Antony Blinken, 55 miembros del Congreso pidieron al gobierno de Biden que denunciara los abusos que se están produciendo y suspendiera la asistencia directa a la policía de Colombia tras los abusos contra los derechos humanos. Sin embargo, funcionarios del gobierno de Biden han emitido pronunciamientos ambiguos e insuficientes sobre las violaciones de derechos humanos que han ocurrido en medio de los disturbios”, relató Wola.

En línea con lo anterior, la organización aseguró que evidencia un silencio del gobierno estadounidense, que “se da incluso en medio de una solicitud de asistencia extranjera de Colombia emitida el 28 de mayo para 2022, que incluye aproximadamente US$140 millones en nueva asistencia para la Policía”.

La Organización de las Naciones Unidas (ONU), rechazó el “uso excesivo de la fuerza” contra los manifestantes en Colombia. / Colprensa

“WOLA reitera su llamado para que se suspendan todas las ventas de equipos antidisturbios de Estados Unidos a las fuerzas de seguridad de Colombia, y para que se suspenda la asistencia estadounidense en forma de financiación a la Policía Nacional de Colombia, debido a la alta probabilidad de que dicha asistencia pueda ser utilizada indebidamente mientras las tensiones siguen aumentando”, instó la ONG.

Asimismo, aseguró que, “para detener la violencia actual, evitar más abusos por parte de la fuerza pública colombiana, lograr justicia para las víctimas y prevenir más daños, el Gobierno de Estados Unidos debe adoptar una postura más contundente”. De lo contrario, advirtió que los avances “en materia de seguridad y otros progresos observados en el marco de los acuerdos de paz de 2016 se debilitarán aún más”.

La organización también aprovechó su comunicado para condenar el vandalismo que se ha presentando en medio de las manifestaciones. Puntualmente se refirió a acciones como el incendio del 25 de mayo del Palacio de Justicia en Tuluá, Valle del Cauca, los asesinatos de dos agentes de policía y los bloqueos de carreteras que han impedido que las ambulancias y otras misiones médicas lleguen a sus destinos.

Nota de: Infobae.com