Error de estrategia

Por: Adriana Bermúdez Arango

Por orden del presidente Gustavo Petro, la meta de erradicación forzada de cultivos ilícitos, se reduce para este año en más del 50 %, pasando de 50 mil a 20 mil hectáreas. Esta es, a todas luces, una medida inconveniente porque, aunque se diga que el objetivo es atacar otros eslabones de la cadena, la realidad es que el aumento en que van los cultivos desde que se prohibió la fumigación con glifosato en 2015, obliga a tomar medidas contundentes si, de verdad, lo que se quiere es acabar con los cultivos ilícitos.

Estas acciones tomadas sin ningún contexto y sin evidente razón, hacen que se dude de las verdaderas intenciones que tiene el gobierno. No es lógico pretender que se reduzcan los esfuerzos para el logro de objetivos que podrían llegar a alcanzarse. Si el año anterior se erradicaron 43600 hectáreas, ¿por qué reducir la meta a 20 mil y no, al menos, conservar el objetivo de las 50 mil que se tenían para el 2022? ¿Cuál es el motivo para bajar la guardia, cuando es claro que se puede lograr la meta? Lamento decirlo, pero esto parece tener otra razón.

Recordemos la reunión que sostuvo el presidente Petro con los cultivadores de hoja de coca el pasado mes de diciembre en El Tarra, Norte de Santander, donde les dijo que se les permitía seguir sembrando mientras la sustitución de cultivos funciona, sin pensar que, si no se les obliga, los cocaleros no van a cambiar su unidad de negocio, básicamente porque es la que mejor conocen y porque, gracias a la ilegalidad de su producto, es más rentable que cualquier otro que se cultive en el país. Tan rentable es, que a los cultivadores no les importa estar en la ilegalidad, infringir la ley, porque para ellos, el beneficio económico lo compensa.

Este tipo de medidas van encaminadas a continuar inundando el país de coca, porque el presidente Petro seguramente piensa que, legalizándola, puede generar una fuente de ingresos más fuerte que el café o el petróleo, por eso hará lo posible para “generar una crisis” que no podamos controlar y nos lleve a pensar “Si no puedes contra el enemigo, únete a él”. Pero el presidente no ha considerado las consecuencias que puede traer para los jóvenes del país este tipo de medidas, el problema de salud pública que se avecina. De hecho, no ha pensado en que si la legalización fuera tan positiva para la economía, por el puerto de Buenaventura no entraría tanto contrabando de cigarrillos y licor y, en los patios de muchas casas, no habría destilerías artesanales que producen aguardiente.

No es muy claro cuál es el futuro que el gobierno del cambio está sembrando para los colombianos. Lo que debería estar haciendo, es mirando cómo ayuda a tantas personas que utilizan alucinógenos de cualquier tipo, para dejar su adicción. Sin embargo, hay un error en su estrategia, porque las acciones tomadas están encaminadas a incentivar la siembra y, por ende, el consumo, porque el interés parece ser, darle como base a nuestra economía, la ilegalidad.